principio de legalidad ARTICULO:  Por:  Walter C. Amanqui Quispe,Oficina de Asesoría Jurídica.

Uno de los principios superiores que informan todo ordenamiento jurídico haciendo posible la realización de un Estado Social y Democrático de Derecho, es decir, el respeto irrestricto al Derecho, al cumplimiento de la ley, a la realización de la justicia, es el principio de legalidad. Este principio fundamental se deriva de las bases del sistema jurídico, tiene fuente supranacional y enraizamiento constitucional que va más allá de la visión meramente formalista, pues como muy bien afirma el profesor Roberto Dromi, el principio de legalidad debe enmarcarse en una orientación filosófico-política que busca consolidar la democratización de las instituciones contra las acechanzas del autoritarismo y las dictaduras. Es propiamente el imperio del derecho que regula jurídicamente los valores y el “número apertus” de los derechos humanos.

Como es sabido el principio de legalidad tiene su origen en el aforisma romano “ legem patere quam feciste” que en Español significa soporta la ley que hiciste. Es deber de los funcionarios y la ciudadanía en general soportar u obedecer la norma legal que rige para toda la Administración Pública y el quehacer privado y público de las personas. Como afirma el como afirma el profesor Walter Robles Rosales, ni la Constitución ni la ley son una teoría especulativa o abstraccionista como fungen los mesías, los caudillos o los dictadores de ciertas instituciones públicas que se creen sus propietarios absolutos. La supremacía de la norma constitucional y la obligatoriedad de la ley garantizan la seguridad jurídica, la participación comprometida y responsable de los ciudadanos en la vida política, cultural y el progreso económico, la redistribución de la riqueza, que el interés privado armonice con el interés público y la justicia solidaria.

En la Constitución de 1993, el principio de legalidad está expresamente normado en el literal d), Inc.24 del Art. 2°, concordado con el parágrafo a) del Inc.24 del artículo en referencia, y el numeral 3 del Art. 139° los cuales dan plena seguridad jurídica al ciudadano y sustentan los principios del Derecho Administrativo, puntualmente, el numeral 1.1 del Art. IV del Título Preliminar de la Ley del Procedimiento Administrativo General, (LPAG), Ley N° 27444, mediante el cual se precisa que las autoridades administrativas deben actuar con respeto a la Constitución, la ley y al derecho, dentro de las facultades que le estén atribuidas y de acuerdo para los que le fueron conferidas. Este principio adquiere carácter de un verdadero derecho a la legalidad a favor de los administrados y se descompone en una serie de derechos como son el derecho a la competencia, el derecho a la forma, el derecho al motivo, el derecho al objeto y el derecho al fin prescrito por ley(*). De manera que es fundamento legal que rige no sólo para los tres clásicos poderes del Estado: Ejecutivo, legislativo y Judicial, sino también para todos los órganos autónomos constitucionales, e incluso para entidades de derecho privado que presten servicios públicos (propios e impropios), caso de las universidades públicas y privadas, regidas por la Ley Universitaria N° 30220.

Muy a pesar de que este principio es uno de los rectores de un Estado comprometido con los derechos fundamentales, a decir del profesor Robles, en la actualidad todavía existen instituciones públicas que parecen castillos feudales impenetrables y herméticos dentro de un Estado que pretende acceder a la modernidad y competitividad del siglo XXI, donde sus autoridades hacen caso omiso al principio de legalidad, encubriendo actos de funcionarios que no cumplen con los requisitos que la Ley exige para desempeñar su función, frente al cual ¿qué hacen los órganos de control institucional?. Lo propio ocurre también en algunos partidos políticos, federaciones deportivas y otras entidades públicas, donde el titular del presupuesto, rodeando de un muro burocrático, actúan sin tener en cuenta que la legalidad es la base de las instituciones y de la democracia.

El país necesita entidades democráticas, profesionalismo y transparencia en la gestión y normas claras que todos respeten y cumplan a partir de principios como el de la legalidad, debido proceso y otros, contenidos en la tutela jurisdiccional efectiva, derecho esencial procesal y constitucional, básicamente humano para alcanzar la justicia real y concreta. Sólo así se podrá purificar el desagradable hedor de aquella institución pública que opera como un viejo y amurallado castillo medieval.

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